España ha multado a Airbnb con más de 64 millones de euros por publicar anuncios de propiedades prohibidas en medio de una crisis de vivienda en el país.
Esta multa refleja la creciente presión sobre plataformas de alquiler como Airbnb para cumplir con las regulaciones locales, en un momento en que la crisis de vivienda en España requiere medidas urgentes. Las decisiones del gobierno pueden influir en la manera en que se gestionan los alquileres y el acceso a viviendas en el futuro.